Esta ley modifica sustantivamente el sistema de crédito universitario, a través de la sustitución de los fondos – en las mismas instituciones – por fondos solidarios, estableciendo normas uniformes para el otorgamiento y la devolución de los préstamos respectivos.

Beneficia a dos grupos de población distintos: por un lado, los estudiantes universitarios que no pueden pagar hoy la totalidad o parte de la matrícula respectiva y, por otro lado, las personas que cursaron carreras universitarias financiadas con préstamos y que tienen la condición de profesionales egresados o de trabajadores que no culminaron sus estudios.

En cuanto al primer grupo, se trata en la actualidad de no menos de 70.000 estudiantes matriculados en las instituciones que conforman este sistema; respecto del segundo, se estima en cerca de 50.000 el número de deudores acogidos a las disposiciones de esta ley, número que se calcula incrementará en alrededor de 12.500 nuevos deudores cada año.

Pretende corregir las principales deficiencias del anterior sistema; focalizar más adecuadamente los recursos hacia los estudiantes de menor nivel socio-económico, modificar las condiciones de pago definidas en términos estrictamente financieros y establecer un equilibrio en el funcionamiento de los fondos.

Una idea fundamental en la Ley es que el acceso y la permanencia en la educación superior no sean limitados por la condición socio-económica del estudiante. Partiendo de esta base, pone énfasis en las características solidarias del nuevo mecanismo de concesión de créditos estudiantiles. La solidaridad, como forma de conducta de los estudiantes, se expresa en que ajusten sus requerimientos de crédito a las reales necesidades de cada uno y, también, en que paguen hoy su carrera los que estén en condiciones de hacerlo. Además en el apoyo al sistema único de acreditación socioeconómica a través de proporcionar una información veraz.

Asimismo, la solidaridad de quienes han sido receptores de estos beneficios, se expresa en la respuesta al compromiso adquirido con la institución, una vez que disponen de los recursos para hacerlo.

Con el objeto de propender a la estabilidad futura de los fondos, y como expresión de la solidaridad de la sociedad en su conjunto y de los profesionales en ejercicio, quienes en su mayoría fueron formados en estos centros de estudios en condiciones de gratuidad, se incorporan como nuevos activos: un aporte fiscal que será distribuido anualmente entre los fondos considerando la composición socio-económica del alumnado y la posibilidad de recibir donaciones, así como aportes voluntarios de los profesionales egresados de la institución respectiva.

En cuanto a las condiciones de los créditos, se establece que las deudas contraídas por los estudiantes se rigen por las disposiciones especiales contenidas en las leyes que regulan los fondos de crédito. Como ha quedado dicho, un elemento vital para que un sistema de créditos sea equitativo, es que su reembolso futuro esté relacionado con los ingresos de cada egresado; de esta manera, la equidad del sistema significa una igual carga relativa para todos.

Cada crédito tiene un monto perfectamente determinado, expresado en Unidades Tributarias Mensuales y sujeto a una tasa de interés del 2% anual, y el egresado lo cancela con un 5% de los ingresos. Si al cabo de un período máximo de doce años quedase aún un saldo insoluto, éste será condonado.

Con todo, si el monto acumulado de deuda excede de 200 UTM, el plazo máximo para servirla será de 15 años.

Asimismo, se establece la suspensión de la obligación de pago y del plazo máximo para servir la deuda, en beneficio de los estudiantes de postgrado.

Se ofrece la alternativa a aquellos deudores que lo deseen, de pagar el crédito en cuotas fijas, dentro de un plazo máximo de diez años, en cuyo caso no tendrán que acreditar anualmente sus ingresos. En este caso la tasa de interés es del 4% anual.

También se establece la extinción de la deuda en caso de muerte del deudor y se faculta al Administrador del fondo para condonar las deudas a quienes se encuentran física o intelectualmente incapacitados para trabajar.

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Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente
Proyecto de ley:

«Artículo 1º.– Facúltase a la Tesorería General de la República para retener de la devolución anual de impuestos a la renta que correspondiere a los deudores del crédito solidario universitario regulado por la ley Nº19.287 y sus modificaciones, los montos de dicho crédito que se encontraren impagos según lo informado por la entidad acreedora, en la forma que establezca el reglamento, e imputar dicho monto al pago de la mencionada deuda.
La Tesorería General de la República deberá enterar los dineros retenidos por este concepto al administrador del fondo solidario de crédito universitario respectivo, en el plazo de 30 días contados desde la fecha en que debiera haberse verificado la devolución, a menos que el deudor acredite que ha solucionado el monto vencido y no pagado por concepto de crédito universitario, mediante certificado otorgado por el respectivo administrador.
Si el monto de la devolución de impuestos fuere inferior a la cantidad adeudada, subsistirá la obligación del deudor por el saldo insoluto.

Artículo 2º.– Introdúcense en la ley Nº19.848, que establece nuevas normas para la reprogramación de deudas provenientes del Crédito Solidario de la Educación Superior, las siguientes modificaciones:
1.- Sustitúyese, en el inciso primero del artículo 12, la frase «lo dispuesto en el artículo 35» por la oración «el deber de secreto o reserva de los antecedentes tributarios, contenido en el artículo 35».
2.- Incorpórase en el artículo 12 el siguiente inciso final:
«Son considerados deudores de los créditos solidarios todos aquellos que resulten de la aplicación de las leyes Nº18.591, Nº19.287 y Nº19.848.».».

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese y llévese a efecto como Ley de la República.
Santiago, 21 de diciembre de 2004.- RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República.- Sergio Bitar Chacra, Ministro de Educación.- Nicolás Eyzaguirre Guzmán, Ministro de Hacienda.
Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Saluda atentamente a usted.- María Ariadna Hornkohl Venegas, Subsecretaria de Educación.

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente
Proyecto de ley:
«Artículo único.- Modifícanse los siguientes artículos de la ley N°19.848:
1) En el artículo 2º, reemplázase la expresión «dentro de los sesenta días siguientes contados desde la publicación en el Diario Oficial del Reglamento a que se refiere el artículo 14°» por la expresión «antes del 30 de septiembre de 2003».
2) En el artículo 4º, inciso tercero, agrégase a continuación de la frase «según cual sea mayor», un punto seguido y la siguiente oración «El deudor podrá realizar dicho pago hasta en cuatro cuotas mensuales, durante el año 2003.».
3) En el inciso tercero del artículo 4º, elimínase la última parte del inciso, desde la expresión «, y suscribir un pagaré».
4) Agrégase el siguiente inciso cuarto, nuevo, en el artículo 4º, pasando el actual inciso cuarto a ser quinto:
«Asimismo, el deudor deberá suscribir un pagaré que dé cuenta de su nueva deuda. El saldo se pagará hasta en diez cuotas anuales iguales y sucesivas, expresadas en Unidades Tributarias Mensuales.».
5) Intercálase, a continuación del artículo 13º, el siguiente artículo 13º bis, nuevo:
«Artículo 13º bis.- Interprétase el artículo 15° inciso 2° de la ley N° 19.287, en el sentido que las nóminas de los deudores morosos de los fondos solidarios de crédito universitario son públicas sin que les haya sido ni les sea aplicable lo establecido en la ley N° 19.812.»
Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese y llévese a efecto como Ley de la República.
Santiago, 14 de agosto de 2003 .- RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República.- Sergio Bitar Chacra, Ministro de Educación.- Nicolás Eyzaguirre Guzmán, Ministro de Hacienda.
Lo que transcribo a Ud., para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., María Ariadna Hornkohl Venegas, Subsecretaria de Educación.

La Ley Nº 18.591, arts. 70 a 80, reemplazó, a partir de 1988, el sistema de crédito fiscal por el de Crédito Universitario, administrado por las propias universidades. El financiamiento de los préstamos provenía de los fondos de crédito universitario, creados por la ley y asignados en propiedad a cada una de las instituciones partícipes de este sistema (las que reciben aporte directo del Estado).

De esta manera se crearon los FONDOS DE CREDITO UNIVERSITARIO, el patrimonio inicial de dichos fondos estaba compuesto por la cartera de créditos fiscales contraídos por medio de la institución respectiva y con vencimiento a partir de 1988 y, además, por siete pagarés del Servicio de Tesorerías, con vencimiento anual.

El monto total de los pagarés universitarios fue definido por la ley en términos decrecientes entre 1988 y 1995, a la vez que se determinó la distribución porcentual de este recurso entre las instituciones, de manera fija e inalterable.

Este diseño implicaba que a partir de 1996 las instituciones deberían financiar las colocaciones de créditos exclusivamente con las recuperaciones de los préstamos otorgados.

La administración de los fondos quedó a cargo de las instituciones respectivas, las que, con cargo a dichos fondos, procedieron a otorgar los créditos. La administración, valoración e inversión de los fondos quedó sujeta a la Superintendencia de Valores y Seguros.

Este sistema se mantuvo hasta la publicación de la Ley Nº 19.287, que creó los fondos solidarios de crédito universitario.

En 1991 se promulgó una ley de reprogramación para el crédito fiscal universitario (CFU) que implicó:

• La consolidación de las deudas al 31 de diciembre de 1990;
• Una rebaja de los saldos de deuda por condonación de intereses moratorios;
• Reprogramación a diez años de las obligaciones pendientes, en cuotas anuales, iguales y sucesivas con un interés del 1% anual y con límite de pago anual equivalente a un 5% de los ingresos del deudor.
• Si un deudor acredita un ingreso inferior a 2,5 ingresos mínimos mensuales vigentes al 31 de diciembre del año respectivo, puede optar entre pagar una cuota equivalente a 2,5 UTM o no pagar nada.
• La diferencia de cuota anual que el deudor deja de cancelar por aplicación de los beneficios que establece la ley, incrementa el saldo deudor y el Estado aporta a la Universidad un 32,5% de la misma.
• Si el deudor cumple con todas las obligaciones que establece la Ley, al décimo año el saldo deudor se condona.
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Los programas de crédito para el pago de aranceles de los estudiantes universitarios se iniciaron en 1981. El decreto con fuerza de ley Nº 4 de 1981, del Ministerio de Educación, en su Título II (artículos 5º y siguientes) estableció el Crédito Fiscal Universitario administrado por la Tesorería General de la República.

El objetivo del programa era otorgar créditos a los estudiantes de las universidades existentes a esa fecha, y de las que se derivaren de éstas, cuando por la situación socioeconómica de sus familias no se encontraban en condiciones de pagar total o parcialmente el valor anual de sus matrículas.

El financiamiento del sistema estaba basado en el aporte fiscal directo efectuado en favor de cada institución en el año inmediatamente anterior, vale decir 1980, aplicándose a dicho aporte un factor determinado para cada año entre 1981 y 1986. A partir de éste último, el financiamiento se mantendría estable en un 0,50 del aporte fiscal de 1980.

La distribución de los recursos entre las universidades se realizaba considerando el número de alumnos necesitados de créditos matriculados en ellas. Las universidades debían enviar a la Dirección de presupuestos del Ministerio de Hacienda los listados de alumnos que cumplían con lo requisitos exigidos, a quienes otorgaban el crédito por cuenta del Fisco una vez definido el monto disponible para cada entidad.

Los créditos así otorgados tenían el carácter de fiscales y su cobranza correspondía al Servicio de Tesorería General de la República.

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